Un país en el que no existan formas de trabajo precario que implican violación de los derechos y garantías que legalmente deben regir las relaciones laborales. Un país con desarrollo humano y con un entorno de diálogo social – laboral, que fomente la seguridad jurídica, la generación de empleo, oportunidades de trabajo decente e ingresos justos para los ecuatorianos y ecuatorianas, con el fin de terminar con toda forma de discriminación, de explotación laboral y de trabajo infantil.

En un país en donde los activos productivos como la tierra y el crédito están mal distribuidos, la fuerza de trabajo es el único activo real que tienen las personas para incluirse productivamente y superar la pobreza. 

En el Ecuador, dada la “flexibilización” del marco jurídico laboral que rige desde la década del noventa, el desarrollo de las relaciones de trabajo ha sido volátil y muy correlacionado a la dinámica errática y altamente vulnerable de la economía ecuatoriana. La evolución de los principales indicadores del sector laboral ecuatoriano para el área urbana muestran que la tasa de desempleo creció durante la década del noventa, llegando hasta el 14,42% en 1999. A marzo de 2007 el desempleo en el área urbana se ubica en el 10,28%, de la población económicamente activa, esto quiere decir que alrededor de 470 000 ecuatorianos se encuentran en la desocupación total. 

Sin embargo, la tasa de desempleo es un indicador que no revela la magnitud de un problema estructural del sector laboral que se manifiesta en la expansión del subempleo ó trabajo precario. Para marzo de 2007, la tasa de subocupación en el área urbana alcanzó el 45,31% de la población económicamente activa, lo que significa que alrededor de 2 millones de ecuatorianos se encuentran desempeñando trabajos en la informalidad ó trabajos precarios en el mercado laboral, en actividades que no cuentan con ingresos permanentes, ni con afiliación al IESS, ni estabilidad laboral, ni prestaciones sociales. 

El desempleo es un fenómeno que afecta en mayor proporción a las mujeres (la tasa de desempleo en este grupo poblacional es 5 puntos porcentuales mayor a la de los hombres), a los jóvenes (la tasa de desempleo es del doble de la tasa de desempleo de los adultos); afecta a los más pobres (la tasa de desempleo del grupo más pobre de ingresos es dos veces la tasa de desempleo del grupo más rico), y afecta en mayor medida a la fuerza de trabajo semi-calificada con educación secundaria. 

De la misma manera, el 25% de los niños y adolescentes de 8 a 17 años trabajan en actividades diversas que complementan el ingreso familiar, mientras el 10% de los niños y adolescentes en este período de edad trabajan y no estudian, lo cual es considerado como la peor condición posible para este grupo de edad ya que el trabajo se convierte en un sustituto de los estudios, que obliga al niño o al joven a desertar del sistema educativo. 

Dentro de la problemática institucional del sector laboral hasta el año 2006 podemos mencionar: 

1) Debilitamiento y desmantelamiento del Estado para afectar su rol regulador en el campo laboral, lo que ocasionó la difusión de procesos de exclusión económica y productiva a través de la generalización de formas precarias de contratación laboral. 

2) La progresiva privatización de los servicios públicos de capacitación y la insuficiente inversión en estos servicios, que han ocasionado el deterioro de los mismos, provocando una escasa incidencia del Estado en la generación de destrezas y habilidades del trabajador, para que este pueda emplearse en mejores términos y aumentar su productividad. 

3) La expansión de formas de trabajo precario, que se manifiesta especialmente en la generalización de la tercerización e intermediación laboral y de la contratación del trabajo por horas, como medios de explotación laboral e inobservancia de los derechos del trabajador. 

4) La explotación del trabajo infantil y el escaso control del Estado en supervisar el empleo de menores en actividades productivas. 

5) La falta de políticas públicas de empleo para jóvenes que permitan la inserción de éstos a la vida laboral. 

Las líneas de acción identificadas son:

1) Restauración del diálogo social - laboral a través del Consejo Nacional del Trabajo, para buscar acuerdos, consensos y seguridad jurídica para empleadores y trabajadores, con el propósito de mantener y ampliar mecanismos de concertación entre empresarios, trabajadores y gobierno y coadyuvar a la generación de relaciones laborales de largo plazo, dignas, justas y equitativas. 

2) Eliminación progresiva de las disparidades en las remuneraciones básicas mínimas de los diferentes sectores laborales, mediante el funcionamiento efectivo de las comisiones sectoriales y la creación de nuevas comisiones. En esta línea también se realizará la Reforma del Consejo Nacional de Salarios para que cumpla con eficacia sus funciones. 

3) Promoción del trabajo decente con remuneraciones justas y dignas, a través de la modernización de los sistemas de inspección laboral y campañas de sensibilización, capacitación y difusión. 

4) Difusión masiva de los derechos y deberes fundamentales establecidos en la legislación laboral y la aplicación de un moderno sistema de registros y estadísticas laborales. En la difusión y la aplicación de los derechos laborales se observará lo establecido en los Convenios Internacionales suscritos y ratificados por el Ecuador. 

5) Capacitación laboral intensiva, dirigida en especial a los grupos sociales más vulnerables, a través del CNCF y el SECAP, operativizando el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Capacitación y Formación Profesional. Además en esta línea se debe: (i) Crear y operativizar el Sistema Nacional de Capacitación y Formación Profesional; (ii) Fortalecer y modernizar el SECAP; (iii) Constituir en forma Tripartita el Directorio del CNCF; y, (iv) Asignar el 30% de los recursos del CNCF para capacitación a sectores vulnerables. 

6) Derogación de la intermediación y tercerización laboral y demás formas precarias de trabajo, mediante el control permanente del MTE a través del Sistema de Inspección y Monitoreo y la presentación de la propuesta técnica - jurídica de derogatoria a la Asamblea Nacional Constituyente. 

7) Inclusión laboral de las personas discapacitadas y de las afectadas por el VIH SIDA, garantizando sus derechos, de acuerdo con la ley. En el período 2007-2008 se continuará con el proyecto “Madres Apoyando a Madres” para la promoción, capacitación y creación de microempresas para madres de discapacitados. En esta línea también se contempla la campaña de inspecciones y vigilancia del cumplimiento los derechos laborales de las personas afectadas por el VIH SIDA. 

8) Erradicación progresiva del trabajo infantil, en especial en sus peores formas, mediante la aplicación del Plan de Acción para la Erradicación del Trabajo Infantil. 

9) Creación de programas de empleo para jóvenes, con el objeto de articular a esta población en la dinámica laboral que les permita una inserción económica propia mediante: (i) Programa Mi Primer Empleo, que es un programa de pasantías pagadas para estudiantes de centros de educación superior, en el sector publico; (ii) Plan Nacional de Empleo Juvenil, que permitirá la implementación de proyectos productivos para esta población que lleven a emprendimientos empresariales y a la generación de un proceso endógeno de inclusión económica de este segmento poblacional; y, (iii) Fortalecimiento del Servicio Público de Colocaciones del MTE. 

10) Generación de empleo promoviendo las Compras del Estado a las micro y pequeñas empresas y a los gremios artesanales, a fin de promover la democratización del acceso a los recursos públicos a las unidades productivas de pequeña escala. 

11) Implementación del Plan Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo, mediante la expedición de normas y control de su cumplimiento y la ejecución de campañas de capacitación y sensibilización, a fin de mejorar las condiciones del medio ambiente laboral y prevenir los riesgos de enfermedades profesionales y de trabajo de los trabajadores y empresarios. 

12) Aplicación estricta de los Convenios vigentes con la OIT, en especial los relativos al derecho de libre asociación sindical y de contratación colectiva.